– FAQs Fiscalidad

Con carácter general, la venta de participaciones sociales puede generar una ganancia o pérdida patrimonial en IRPF, calculada por diferencia entre valor de transmisión y valor de adquisición, con ajustes aplicables. Las ganancias derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales se integran en la base del ahorro según la normativa del IRPF. Si las participaciones no cotizan, existen reglas especiales de valoración para evitar declarar valores artificialmente bajos; la AEAT recoge reglas específicas para transmisiones de valores no admitidos a negociación.

Si vende una sociedad española, la ganancia se integrará en su base imponible del Impuesto sobre Sociedades. El resultado será la diferencia entre precio de transmisión y valor fiscal/contable de la participación, con los ajustes que procedan. Si la sociedad es patrimonial, pueden existir limitaciones o efectos específicos en determinados regímenes. Además, si después se distribuye el beneficio a los socios personas físicas, podría existir una segunda capa de tributación vía dividendos.

Dependerá de si la ganancia se considera obtenida en España y de lo que establezca el convenio de doble imposición entre España y su país de residencia. En general, los no residentes tributan por IRNR por determinadas rentas obtenidas en España. En participaciones de sociedades inmobiliarias, los convenios pueden permitir que España grave la ganancia si el valor deriva principalmente de inmuebles situados en España; hay que revisar el convenio concreto.

La transmisión de participaciones sociales suele estar exenta de IVA e ITP en términos generales, pero existe normativa antiabuso para transmisiones de valores de sociedades inmobiliarias cuando, en la práctica, se está transmitiendo indirectamente un inmueble (la Ley 6/2023 de los mercados de valores y servicios de inversión contiene reglas relevantes al respecto). En Centurion, esta cuestión debe analizarse cuidadosamente en cada reventa, especialmente si se transmite un porcentaje relevante o el control de la SPV.

Puede generarse una pérdida patrimonial o contable. Si es persona física residente en España, la pérdida podrá integrarse conforme a las reglas del IRPF y compensarse según la normativa vigente. Si vende una sociedad, la pérdida se reflejará en el Impuesto sobre Sociedades, con los límites aplicables.

Si usted es persona física residente en España, la participación puede formar parte de su base en el Impuesto sobre el Patrimonio si está sujeto al impuesto y no aplica ninguna exención. Las participaciones en fondos propios de entidades se valoran conforme a las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio, normalmente vinculadas a valor teórico contable, nominal, capitalización u otros criterios según el caso. Si es no residente, habrá que analizar si la participación se considera situada o ejercitable en España, el tipo de activo subyacente y el convenio aplicable. En patrimonios elevados, esta cuestión debe revisarse antes de comprar, no al presentar la declaración.

La participación en la SPV puede formar parte de su patrimonio neto a 31 de diciembre, salvo exención específica. No se declara «la vivienda» directamente, sino la participación social que usted posee en la sociedad propietaria del inmueble. La tributación final dependerá de su comunidad autónoma de residencia, patrimonio preexistente, mínimo exento, deudas deducibles y posibles bonificaciones autonómicas.

Sí, si su patrimonio neto supera los umbrales previstos legalmente y no queda absorbido por el Impuesto sobre el Patrimonio autonómico. Para grandes patrimonios residentes en España, la participación debe analizarse dentro del conjunto de su patrimonio mundial; para no residentes, puede existir tributación por obligación real si la participación se considera vinculada a activos situados en España. Este impuesto fue creado por la Ley 38/2022, que además introdujo reglas relevantes sobre participaciones en entidades no residentes con activos inmobiliarios subyacentes en España.

Dependerá de la normativa vigente en cada ejercicio y de la interacción entre el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Madrid ha tenido tradicionalmente una bonificación muy relevante en Patrimonio, pero el impuesto estatal de grandes fortunas puede alterar el resultado efectivo. La respuesta correcta no es «Madrid no paga», sino que debe simularse el efecto conjunto de ambos impuestos, deudas deducibles, mínimo exento y estructura de tenencia.

Sí, si la participación se considera un bien o derecho situado, ejercitable o susceptible de cumplirse en España, o si la normativa aplicable permite gravar participaciones en sociedades cuyo valor derive de inmuebles situados en España. La interposición societaria no elimina automáticamente la conexión con España, aunque los convenios de doble imposición pueden matizar la tributación.

Si es residente fiscal en España, tributa por su patrimonio mundial y por sus rentas mundiales, con independencia de que la residencia esté en Francia, Reino Unido, Italia u otro país. Si la SPV propietaria del activo está en el extranjero, deberá analizarse si la participación debe declararse en España, si hay obligación informativa sobre bienes en el extranjero y cómo se evita una posible doble imposición.

Puede ocurrir si usted es residente fiscal en España y posee participaciones, cuentas, valores, seguros, derechos o bienes situados en el extranjero que superen los umbrales legales de declaración. Si la residencia Centurion se estructura mediante una SPV extranjera, la participación puede ser un derecho situado en el extranjero a efectos informativos. El modelo 720 no es un impuesto, sino una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

La compra de participaciones sociales normalmente no genera IVA como si se comprara directamente una vivienda. Cuestión distinta es la adquisición inicial del inmueble por la SPV: si compra una vivienda nueva, la operación puede estar sujeta a IVA y AJD; si compra una vivienda de segunda transmisión, normalmente puede estar sujeta a ITP. Hay que distinguir dos planos: la compra del inmueble por la SPV y la compra de participaciones por el propietario final.

Con carácter general, la entrega de vivienda nueva en España tributa por IVA al tipo reducido del 10%, salvo supuestos especiales como viviendas de protección oficial de régimen especial o promoción pública, que pueden tributar al 4%. Ese IVA forma parte del coste de adquisición del activo y, en principio, se incorpora al coste total de estructuración de la residencia. Debe analizarse caso por caso si la SPV puede deducir o no el IVA soportado, según el uso previsto y la naturaleza de las operaciones que realice.

En España, la transmisión de vivienda usada suele quedar sujeta a ITP, no a IVA, salvo supuestos específicos de renuncia a la exención en operaciones entre empresarios con derecho a deducción. Si la SPV adquiere un activo de segunda mano, el ITP será un coste relevante de adquisición y variará según la comunidad autónoma donde radique el inmueble. El impuesto indirecto de adquisición es parte esencial del pricing: no se puede comparar el precio de la fracción con el precio «limpio» del inmueble sin incluir impuestos, notaría, registro, legal, equipamiento y estructuración.

AJD es el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. En operaciones inmobiliarias españolas puede devengarse en escrituras notariales inscribibles, especialmente cuando la operación está sujeta a IVA, como ocurre normalmente en vivienda nueva. También puede aparecer en hipotecas, novaciones, declaraciones de obra nueva, división horizontal u otros documentos notariales con trascendencia registral. En una residencia Centurion, AJD puede ser un coste de la adquisición inicial de la SPV o de la financiación, no necesariamente un impuesto directo del comprador final de la participación.

Depende del uso fiscal de la residencia y de la actividad desarrollada por la SPV. Si la SPV se limita a tener una vivienda para uso privado de sus socios, la deducibilidad del IVA soportado puede ser limitada o inexistente. Si existe una actividad económica sujeta y no exenta, podría abrirse un análisis distinto. No basta con asumir que el IVA es recuperable por estar en una sociedad: la deducción exige afectación real a operaciones que otorguen derecho a deducir.

Para una persona física que disfruta privadamente de la residencia, los gastos no serán deducibles en IRPF como si se tratara de una inversión arrendada. Para una sociedad española propietaria de la participación, la deducibilidad dependerá de si el gasto está correlacionado con ingresos, de si la sociedad realiza actividad económica y de si el uso por socios o familiares está correctamente documentado. Si la sociedad es meramente patrimonial y el uso es privado, la deducibilidad puede verse cuestionada.

Una entidad patrimonial es, en términos generales, una sociedad en la que más de la mitad del activo está formado por valores o elementos no afectos a una actividad económica. Importa porque puede limitar beneficios fiscales, afectar a la exención de empresa familiar, condicionar la deducibilidad de gastos y alterar la planificación sucesoria. Una sociedad española que compra una participación Centurion para uso familiar probablemente será patrimonial si no desarrolla una actividad económica real; eso no impide comprar, pero debe asumirse correctamente desde el principio (Ley del Impuesto sobre Sociedades, artículo 5).

No debe presumirse. La exención de empresa familiar exige requisitos estrictos: actividad económica real, participación mínima, funciones de dirección y retribución, entre otros. Una sociedad que simplemente posee una participación en una SPV inmobiliaria para uso familiar difícilmente encajará si no existe actividad económica efectiva. Para un family office, la recomendación técnica es separar con claridad patrimonio empresarial y patrimonio de disfrute familiar.

Puede haberlas. Si una sociedad compra la participación y el socio, administrador o familiares usan la residencia, la relación entre sociedad y usuario debe analizarse bajo reglas de operaciones vinculadas. Puede ser necesario valorar el uso a mercado, documentar la cesión, imputar una retribución o ingreso, y revisar la deducibilidad de gastos asociados. La cuestión no es impedir que una sociedad compre, sino evitar que el uso privado quede sin tratamiento fiscal.

Sí, si la participación la adquiere una sociedad y el uso personal se concede a un administrador, socio, directivo o empleado como parte de su relación con la sociedad. En ese caso, el disfrute puede calificarse como retribución en especie, dividendo encubierto, operación vinculada o utilización privada de activos sociales, según la estructura. La adquisición societaria exige una política interna de uso: quién puede usar, bajo qué título, con qué valoración y con qué reflejo fiscal.

El análisis debe hacerse en dos niveles: España y la jurisdicción de la sociedad. España puede analizar si existe renta, establecimiento, activo inmobiliario subyacente o uso por beneficiarios. El país de residencia de la sociedad puede aplicar sus propias reglas sobre beneficios en especie, distribuciones o renta atribuida. En estructuras internacionales, el riesgo no está en comprar mediante sociedad extranjera, sino en no documentar adecuadamente quién usa el activo y por qué.

El IRNR es el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Afecta a personas físicas o entidades no residentes que obtienen rentas en territorio español. Si un no residente vende su participación, recibe rentas vinculadas a España o participa en una estructura con activo inmobiliario español, puede existir tributación en España, sin perjuicio de lo que diga el convenio de doble imposición.

Si usted fuera propietario directo de un inmueble urbano en España no arrendado, la normativa puede exigir imputación de renta inmobiliaria en IRPF o IRNR. En Centurion, la titularidad directa del inmueble corresponde a la SPV, no al propietario individual, por lo que la imputación no debe analizarse como una vivienda directa a su nombre, sino a través de la estructura societaria y del derecho de uso. Si es no residente y posee directamente inmuebles en España, la AEAT contempla la tributación por rentas imputadas de inmuebles urbanos de uso propio.

Sí, en España existe un gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes en determinados supuestos, cuya aplicación depende de la residencia de la entidad, convenios, exenciones y estructura. Si Centurion utiliza SPV españolas para inmuebles españoles, este impuesto no debería afectar a la SPV española, pero sí puede ser relevante para estructuras extranjeras o sociedades compradoras no residentes con activos inmobiliarios directos en España.

FATCA es el régimen estadounidense de información fiscal internacional. Puede afectar a compradores estadounidenses, sociedades con U.S. persons, trusts americanos o estructuras con titulares reales sujetos a fiscalidad estadounidense. Centurion no sustituye al asesor fiscal americano, pero sí debe recopilar información suficiente para KYC, titularidad real y cumplimiento bancario o financiero. La cuestión clave es coordinar la adquisición con su CPA o tax attorney, especialmente si compra mediante LLC, trust o sociedad extranjera.

CRS es el estándar común de intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones. Puede afectar a compradores que operan mediante cuentas bancarias, entidades financieras, sociedades, trusts o estructuras internacionales. Aunque Centurion no sea necesariamente una entidad financiera reportante, bancos, asesores, depositarios y proveedores financieros sí pueden pedir información fiscal y de titularidad. La privacidad patrimonial moderna no significa opacidad; significa discreción, legalidad y trazabilidad.

Si usted es persona políticamente expuesta —PEP— puede comprar, pero el proceso de cumplimiento será más exhaustivo. Se revisará origen de fondos, cargo público, entorno familiar, actividad económica, jurisdicciones involucradas y posible riesgo reputacional. Esto no implica una presunción negativa; simplemente exige diligencia reforzada, conforme a la normativa española de prevención de blanqueo.

Es una fuente de fondos perfectamente habitual, pero deberá documentarse: escritura de venta, contrato de compraventa, justificante bancario, declaración fiscal, certificado de asesor, estados financieros o documentación de distribución de dividendos. En compradores de alto patrimonio, lo importante no es solo tener capacidad económica, sino demostrar trazabilidad entre la generación de riqueza, la cuenta de origen y el pago de la participación.

También es habitual. Podrán solicitarse testamento, escritura de adjudicación de herencia, certificado bancario, liquidación de impuestos sucesorios o documentación equivalente del país de origen; si procede de otra jurisdicción, puede requerirse apostilla, traducción y explicación de la cadena de titularidad. Centurion no juzga el origen familiar de los fondos; verifica que sea lícito, documentado y compatible con la normativa aplicable.

Debe evitarse salvo que exista una explicación jurídica clara. El pagador debe coincidir normalmente con el comprador. Si paga una sociedad matriz, una filial, un trust, un familiar o una cuenta de terceros, habrá que documentar préstamo, aportación, distribución, mandato o relación jurídica que justifique el pago. Los pagos de terceros no son imposibles, pero generan más preguntas de KYC, fiscalidad y titularidad real.

Sí. Si compra siendo residente en España y después se traslada a Portugal, Andorra, Reino Unido, Suiza, Emiratos u otro país, cambiará la forma de tributar por patrimonio, ganancias futuras, sucesiones y uso del activo. El cambio de residencia no altera su titularidad, pero sí puede alterar obligaciones fiscales, convenios aplicables, reporting y retenciones. Centurion debe registrar correctamente la residencia fiscal actual y actualizarla si cambia.

Como residente fiscal en Andorra, dejaría de tributar en España por obligación personal, pero podría seguir tributando por obligación real por bienes o derechos situados en España. Si la participación está vinculada a una SPV española con inmueble en España, deberá analizarse Patrimonio, IRNR, grandes fortunas si procede, el convenio hispano-andorrano y la futura venta. Andorra puede ser fiscalmente eficiente, pero no desconecta automáticamente todos los activos españoles de la fiscalidad española.

Si un residente portugués compra una participación en una SPV española, deberá analizarse tributación en Portugal por patrimonio, rentas o ganancias, y tributación en España por conexión inmobiliaria. La clave está en evitar doble imposición y determinar qué país puede gravar qué renta; en sociedades inmobiliarias, los convenios suelen contener reglas específicas sobre ganancias derivadas de inmuebles.

Un residente fiscal en Emiratos puede comprar participaciones Centurion, pero deberá documentar residencia fiscal efectiva, origen de fondos, banco pagador y titularidad real. España puede conservar potestad tributaria sobre determinados activos o rentas vinculadas a inmuebles españoles; Emiratos tiene una fiscalidad personal generalmente favorable, pero eso no elimina automáticamente la tributación española por obligación real.

Sí, como persona física o mediante sociedad mexicana, española u otra estructura patrimonial. Normalmente necesitará identificación, prueba de residencia fiscal, origen de fondos, cuenta bancaria trazable y, en ciertos casos, NIE para operar en España. Fiscalmente debe analizarse México y España: patrimonio, ganancias futuras, sucesiones, convenio de doble imposición y tratamiento de sociedades interpuestas.

Sí. El proceso es similar al de otros compradores latinoamericanos. La documentación deberá acreditar identidad, residencia fiscal, origen de fondos, trazabilidad bancaria y, si compra mediante sociedad, titular real. Fiscalmente habrá que analizar Colombia, España, posible convenio aplicable, declaración de activos en el exterior y tratamiento de ganancias futuras, prestando especial atención a la trazabilidad de divisas.

Sí, directamente, mediante LLC, trust, family office o sociedad. Sin embargo, Estados Unidos grava a sus ciudadanos y residentes fiscales por renta mundial, por lo que la estructura debe revisarse con asesor fiscal estadounidense: una LLC puede ser transparente o no según su clasificación fiscal, un trust puede tener reglas complejas y una compra directa puede ser más sencilla pero menos eficiente sucesoriamente.

Sí. Tras el Brexit, el comprador británico es comprador de tercer país a efectos de muchas cuestiones europeas, pero puede adquirir participaciones de una SPV española o europea si cumple KYC, AML, fiscalidad y requisitos de inversión extranjera aplicables. Debe analizarse residencia fiscal real, régimen non-dom si aplicable, herencia, capital gains tax y convenio con España o el país donde esté el activo.

Sí. En principio, un ciudadano de la UE puede adquirir participaciones en sociedades españolas o europeas con menos fricción formal que un comprador de tercer país, aunque seguirá sujeto a KYC, origen de fondos y fiscalidad correspondiente. La residencia fiscal importa más que la nacionalidad: Centurion pregunta siempre residencia fiscal, no solo pasaporte.

Sí, tanto persona física como mediante family office, holding o sociedad patrimonial. En estos casos suele ser especialmente importante documentar origen de fondos, titular real, poderes, traducciones, apostillas o legalizaciones, estructura de grupo y residencia fiscal efectiva. España y Europa son destinos muy atractivos para capital de Oriente Medio por seguridad jurídica, estilo de vida y activos refugio.